Norma
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Aporte al Observatorio
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Constitución Política, arts. 67 y 209
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Sustenta el derecho a la educación, la calidad del servicio y los principios que rigen la función administrativa.
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Decreto Municipal 1000-0565 del 23 de agosto de 2013
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El Observatorio de Calidad Educativa de Ibagué fue creado mediante el Decreto Municipal 1000-0565 del 23 de agosto de 2013, como una iniciativa de la Administración Municipal orientada al fortalecimiento de la calidad y pertinencia de la educación en el municipio.
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Ley 115 de 1994 – art. 80
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Establece el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación y señala que este debe servir para evaluar la calidad y establecer programas de mejoramiento. Además, contempla la coordinación entre MEN, ICFES y entidades territoriales.
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Ley 715 de 2001 – arts. 7 y 9
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Es especialmente importante para Ibagué como ETC. Asigna a los municipios certificados responsabilidades sobre la prestación del servicio educativo, la administración del sistema de información educativa y la promoción de planes de mejoramiento de la calidad.
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Ley 1324 de 2009
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Es uno de los pilares jurídicos del Observatorio. Organiza el sistema de evaluación de resultados de la calidad educativa y establece que el Estado debe utilizar exámenes de Estado y otras pruebas externas para medir el cumplimiento de los objetivos y promover el mejoramiento continuo.
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Decreto 869 de 2010, compilado en el Decreto 1075 de 2015
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Reglamenta Saber 11°. Es fundamental porque establece que sus resultados sirven para construir indicadores de calidad, apoyar la autoevaluación de los establecimientos, reorientar prácticas pedagógicas y servir de referente para políticas educativas nacionales, territoriales e institucionales.
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Decreto 1075 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Educación
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Establece responsabilidades concretas de las ETC frente al análisis de resultados de pruebas externas y el acompañamiento a las instituciones educativas.
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Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013
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Regulan la protección de datos personales. Son indispensables si el Observatorio trabaja con bases que permitan identificar estudiantes, especialmente porque se trata de población menor de edad.
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Ley 1712 de 2014
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Sustenta la transparencia y el acceso a la información pública, pero también obliga a distinguir entre información pública y aquella que tiene restricciones por protección de datos personales.
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